CSIF DENUNCIA EL CLIMA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA Y LA GESTIÓN AUTORITARIA SOBRE EL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
18 de February de 2025
En los últimos días hemos visto cómo determinadas informaciones periodísticas, han tenido como punto principal la problemática surgida entre la Consejería de Educación y el Servicio de Inspección Educativa (SIE). Tras reiteradas denuncias sindicales y el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias (SPRLPA), nos volvemos a encontrar en una situación ante la cual la Consejería trata de intentar minimizar un grave problema que afecta al funcionamiento y a la gestión de la Consejería y que vuelve a dejar en evidencia la precarización de la educación asturiana.
CSIF denuncia la gestión autoritaria por parte de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, que se ha convertido en una tónica habitual de funcionamiento. Las actuales líneas de trabajo de la Consejería y del Principado de Asturias parecen dedicadas en exclusiva a la imposición, la captación de subvenciones europeas y a la venta de humo sin tener en cuenta, en ningún caso, las condiciones laborales y el bienestar del profesorado, y del alumnado.
Las noticias acaecidas en los últimos días relacionadas con el informe del SPRLPA sobre el funcionamiento del SIE confirman un clima laboral tóxico, con actitudes sexistas y vejaciones hacia las y los trabajadores del servicio de inspección.
Pero la gravedad del asunto va mucho más allá por las propias dinámicas de la Consejería. En la reunión mantenida con las OOSS en el día de ayer (17/02), la propia consejera de educación ha minimizado los problemas con la excusa de que el informe solo refleja “percepciones” de los trabajadores y no lo que, según el propio informe, es la tónica de funcionamiento habitual manifestada por la mitad de los inspectores/as del servicio.
Desde CSIF denunciamos que, lamentablemente, esta forma de imposición se ha convertido en la línea habitual de trabajo de esta Consejería. Y lo ocurrido en el SIE es el reflejo directo de un modelo de gestión “manu militari”.
Estas dinámicas, que entre otras cosas parecen pretender el reducir al personal docente a herramientas de captación de fondos europeos sin evaluar el impacto en la calidad educativa, se están convirtiendo en un problema real. La educación pública asturiana se está convirtiendo en un negocio financiero, que sobrecarga al profesorado y perjudica claramente las condiciones de la enseñanza y la de sus trabajadores.
Otra prueba más de estos hechos, la hemos tenido en la reciente reunión del Director General de Inclusión Educativa en la que se presentaba (de forma oral) un plan de refuerzo para matemáticas y lengua a varios Equipos Directivos (ED) pretendiendo obligar a los centros educativos a una implementación cuyas condiciones ni son claras, ni son aceptables. Entre otras cosas, en la presentación de dicho plan se verbalizó la obligación de los ED de limitar la capacidad de enseñanza y libertad de cátedra de los maestros y maestras, y de imponer un modelo de control donde algunos docentes deben informar sobre el desempeño de sus propios compañeros y compañeras.
Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas urgentes que pasen por:
- El fin del modelo autoritario y la promoción de un diálogo real con los profesionales de la educación y con las organizaciones sindicales (OOSS).
- Una revisión del uso de los fondos europeos para asegurar que sirvan para mejorar el sistema educativo, tanto para el alumnado como para el profesorado, y no sean un mero instrumento de venta de humo.
- Unas condiciones laborales adecuadas, evitando la sobrecarga de trabajo innecesario y garantizando, ante todo, un entorno respetuoso con los docentes y con la legalidad vigente.
Desde CSIF reiteramos que el modelo de gestión de la Educación asturiana no puede estar basado en el “ordeno y mando”.
Reiteramos que el personal más adecuado para saber cómo se puede mejorar la educación está en las aulas.
Por último, desde CSIF tendemos la mano y reiteramos de nuevo nuestro ofrecimiento a la Consejería de Educación y al Gobierno del Principado de Asturias para negociar unas condiciones que no discriminen a los docentes asturianos frente a los de otras CCAA y que puedan redundar a su vez en una mejora real de la calidad educativa.