CSIF critica la postura de la Administración Pública de la Región de Murcia: Falta de transparencia, discriminación hacia interinos, ausencia de promoción interna y reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados

El reciente artículo que expone el “plan de relevo generacional” de la Administración regional de Murcia presenta una visión parcial y sesgada de la realidad que enfrentan los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). Desde CSIF queremos denunciar no solo la falta de transparencia y buena fe negociadora, sino también los reiterados incumplimientos en la puesta en marcha del teletrabajo, el acceso al segundo tramo de la carrera profesional, y la adecuación de las titulaciones oficiales vigentes en cada categoría profesional.

El titular se enfoca en la urgencia de rejuvenecer la plantilla, pero la Administración sigue sin abordar de forma justa y equitativa los problemas estructurales que afectan a los empleados públicos. En lugar de ofrecer soluciones efectivas, se está apostando por oposiciones libres que ignoran la experiencia y méritos de los trabajadores interinos en el ámbito de Administración y Servicios, mientras que en el ámbito docente y sanitario sí se valoran la experiencia profesional, los exámenes previos aprobados y la formación. Esta discriminación es inaceptable y perpetúa la precariedad laboral de quienes han sostenido el funcionamiento de la Administración durante años.

Además, la Administración continúa incumpliendo sus compromisos en materia de teletrabajo. Pese a ser una herramienta fundamental en la modernización del empleo público, la implementación de esta modalidad laboral sigue sin materializarse de manera efectiva, a pesar de los acuerdos alcanzados y las promesas repetidas. Esta falta de voluntad para cumplir con los compromisos adquiridos genera una gran incertidumbre entre los empleados públicos, que ven cómo se ignoran sus demandas y necesidades.

Asimismo, el acceso al segundo tramo de la carrera profesional es otra promesa incumplida que afecta de manera significativa a los empleados públicos de la CARM. A pesar de que se ha hablado mucho de la necesidad de desarrollar la carrera profesional como un instrumento para reconocer el esfuerzo y la formación de los trabajadores, la realidad es que el acceso a este segundo tramo sigue sin materializarse, dejando a muchos empleados sin la posibilidad de progresar en su carrera y de ver reconocidos sus méritos.

Otro aspecto que se ha pasado por alto en el artículo es la adecuación de las titulaciones oficiales vigentes en cada categoría profesional. Mientras que en el ámbito docente se han adaptado las titulaciones a las exigencias actuales, en el resto de la función pública esta adecuación sigue siendo una asignatura pendiente. Muchos empleados públicos están realizando funciones que requieren mayores responsabilidades o una mayor cualificación sin que sus titulaciones o capacidades sean debidamente reconocidas. Esta falta de adaptación de las titulaciones a las funciones reales que desempeñan los empleados públicos genera una grave injusticia, ya que no se está reconociendo el esfuerzo formativo ni la realidad laboral de estos trabajadores.

La falta de transparencia sigue siendo un problema fundamental en este contexto. La Consejería no ha facilitado los datos necesarios para una evaluación justa de las necesidades de personal, como el número de jubilaciones y fallecimientos por categoría profesional. Sin esta información, resulta imposible hacer una planificación adecuada y justa de la Oferta de Empleo Público (OEP). En lugar de dialogar con los sindicatos y buscar soluciones conjuntas, la Administración prefiere actuar unilateralmente, tomando decisiones que afectan a miles de trabajadores sin contar con sus representantes.

Finalmente, es incomprensible que los sindicatos se enteren de decisiones clave por los medios de comunicación y no en la mesa de negociación. Esto es una clara muestra de la falta de respeto de la Administración hacia los representantes de los trabajadores y evidencia una mala fe negociadora que perjudica a todo el colectivo de empleados públicos. Las políticas laborales que se están llevando a cabo no tienen en cuenta las necesidades reales de los trabajadores, y la apuesta por las oposiciones libres y la reconfiguración de puestos sin criterios claros o consensuados solo agrava la situación.

Desde CSIF exigimos que se ponga fin a esta política de opacidad y desconsideración hacia los empleados públicos. Es urgente que se rectifique y se reanude un diálogo sincero con los sindicatos para garantizar una OEP justa que tenga en cuenta la experiencia y los méritos de los trabajadores interinos, que se implementen de una vez por todas las modalidades de teletrabajo y los tramos de carrera profesional, y que se adecúen las titulaciones oficiales a las exigencias de las funciones desempeñadas. Los empleados públicos de la CARM merecen un trato justo y un reconocimiento adecuado a su labor, y no seguir siendo castigados por decisiones arbitrarias y faltas de equidad.