El anteproyecto de Ley de Función Pública limita la movilidad, no desarrolla el teletrabajo y carece de garantías para evaluar el desempeño

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que el anteproyecto de Ley de Función Pública para la Administración General del Estado carece de concreción y las debidas garantías en los diferentes aspectos que desarrolla como la carrera profesional, la movilidad, el teletrabajo o la evaluación del desempeño.

CSIF considera que el Gobierno ha fallado en tiempo y forma. En tiempo porque se trata de una Ley pendiente desde 2007, cuando entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público y que el Ejecutivo lo ha aprobado en el último minuto por exigencia de la Unión Europea como condición para acceder a los fondos del Plan de Recuperación. Hay que recordar que el Gobierno ha mantenido paralizada la negociación durante todo el año 2022.

Por otra parte, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros es muy mejorable desde el punto de vista técnico, por lo que CSIF presentará alegaciones en la negociación, el trámite de audiencia pública y llegado el caso, en el trámite parlamentario.

En lo que se refiere a la evaluación del desempeño, CSIF exige la participación de los sindicatos para establecer los criterios y las debidas garantías que permitan valorar y determinar la labor de empleadas y empleados públicos desde el punto de vista de la promoción, las retribuciones y las consecuencias derivadas. De entrada, rechazamos que el Gobierno pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo.

Asimismo, CSIF critica los límites que se establecen a la movilidad tanto entre las diferentes administraciones como dentro de la propia Administración General del Estado. Igualmente, lamentamos las generalidades del teletrabajo dado que no se hace referencia al Real Decreto que lo debe desarrollar, procedimientos y objetivos, además de que lleva más de año y medio de retraso. De hecho, CSIF ha presentado una reclamación administrativa para que el Gobierno desarrolle de una vez esta modalidad de trabajo.

El anteproyecto tampoco recoge la reivindicación de CSIF para promover el acceso al grupo B a personal del C1 que ya realiza estas funciones y cumple los requisitos.

En definitiva, el anteproyecto de Ley de Función Pública contiene generalidades, carece de concreción en aspectos fundamentales, así como de las debidas garantías por la falta de negociación.