CSIF analiza junto al subdelegado del Gobierno en Sevilla la situación actual de los 13.000 profesionales de seguridad privada en la provincia

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5 de July de 2024

-La Central Sindical traslada su preocupación por la desprotección jurídica en la que se encuentra este colectivo en su labor diaria desde que se le retiró el carácter de agente de la autoridad.
-CSIF viene reclamando medidas frente al intrusismo, así como actuaciones ante las  empresas en las que prevalece el coste económico como adjudicatarias: “no cumplen con el convenio colectivo, ni sus obligaciones sociales, lo que produce precariedad laboral y económica y un perjuicio en el servicio que presta la Administración”.

Responsables del área de Seguridad Privada de CSIF, sindicato con mayor representatividad (40%) en Seguridad Privada en Sevilla y Provincia, han mantenido un encuentro con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Sevilla, Francisco Toscano. El objetivo ha sido analizar conjuntamente la situación del sector de la Seguridad Privada y establecer medidas encaminadas a mejorar la situación de los más de 13.000 profesionales con los que cuenta la provincia de Sevilla. A la reunión asistieron el responsable autonómico del área de Seguridad Privada de CSIF, Raúl Álvarez, y el responsable provincial del área de Seguridad Privada de la provincia en Sevilla, Felipe Caro. 

CSIF trasladó al subdelegado del Gobierno diferentes propuestas, entre las que cabe destacar las siguientes: 

-Se solicita al Subdelegado retomar la comisión mixta de seguridad privada a nivel provincial, tal como establece la Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada. El subdelegado del Gobierno confirmó que se va a trabajar para realizarla en el último trimestre del año.

-Se propone que en la próxima reunión de la comisión mixta se articulen medidas encaminadas, de forma conjunta, a la protección al personal seguridad que presta servicio en centros médicos de forma unificada en todas las áreas hospitalarias de Sevilla (Virgen del Rocío, Macarena, Valme, Osuna, así como el resto de centros dependientes de estas en los que hay presencia de Seguridad Privada), con motivo del aumento de agresiones que se producen en este sector.

-CSIF traslada su preocupación por la desprotección jurídica en la que se encuentran los profesionales de Seguridad Privada en su labor diaria desde que se les retiró el carácter de agente de la autoridad.

-Se hace saber la preocupación de CSIF en que se haga cumplir en todos sus términos la Ley de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para la provisión de empresas de seguridad que prestan sus servicios a la Administración y en los que se viene observando que lo que prevalece es el coste económico; ello conlleva a que las empresas que suelen ser adjudicatarias no cumplan con el convenio colectivo, ni sus obligaciones sociales, lo que produce una precariedad laboral y económica a los profesionales de la seguridad, así como a un perjuicio para el servicio que se presta por parte de la Administración.

-Con respecto al intrusismo en el sector de la seguridad privada, que es uno de los mayores problemas de los vigilantes de seguridad, caracterizado por la realización de forma irregular de tareas de vigilancia privada, tanto por personal no cualificado como de empresas sin la autorización del Ministerio de Interior, CSIF ha informado al subdelegado del Gobierno que va a mantener una reunión en breve con el responsable de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla, al que le trasladará la preocupación que este tema produce al sindicato y que afecta directamente a los trabajadores de Seguridad Privada.

-En cuanto al reglamento de Seguridad Privada -que diez años después de aprobarse la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, todavía no dispone de un reglamento que la regule- desde CSIF se solicita que se apruebe el borrador del nuevo reglamento y al que CSIF propuso varias enmiendas. Los responsables sindicales entienden que es necesario que el sector disponga de un reglamento que regule la ley de Seguridad Privada.

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