CSIF critica el borrador del Decreto de Teletrabajo propuesto por la Junta porque evidencia que no apuesta por esta modalidad de prestación de servicio

• La central sindical lamenta el carácter restrictivo del nuevo texto y que el trabajo no presencial le cueste el bolsillo a los servidores públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha criticado el borrador del Decreto de Teletrabajo propuesto por la Junta de Andalucía y que este martes se ha llevado a Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta (AGJA) al no apostar decididamente por esta modalidad de prestación de servicio que, incluso, supondrá un gasto para el bolsillo de los empleados y empleadas que escojan dicha posibilidad.

La vicepresidenta de CSIF-A, Yolanda Salgado, ha explicado que en el borrador de decreto que plantea la Junta existen “varias cuestiones controvertidas sobre la regulación del teletrabajo y en ningún caso este texto sirve para avanzar en la modernización de la Administración y en una mejor organización del trabajo”. Para  alcanzar dichos objetivos “la Junta debe apostar de forma decidida por esta modalidad no presencial, y con la propuesta realizada, ha añadido Salgado, la Administración andaluza evidencia todo lo contrario”.

A juicio de la dirigente sindical, la Junta “se está equivocando, puesto que el carácter restrictivo del texto y la incertidumbre que va a generar, con una evaluación basada en criterios subjetivos, provocará el rechazo del personal que estaba esperando esta nueva regulación para comenzar a teletrabajar”.

La pretensión de la Administración, según se extrae del borrador, es autorizar con carácter general un solo día de teletrabajo a la semana, en contra del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo que establece que esta modalidad debe de prestarse de forma regular, es decir, de forma sistemática, habitual y ordinaria.

Salgado ha calificado de “inaceptable” que con la nueva regulación el profesional que elija teletrabajar corra con los costes del teletrabajo, conexión, red eléctrica e incluso equipo informático, en contra de lo que la normativa básica dispone al establecer que es la propia Administración quien debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para poder hacerlo.

La visión restrictiva del borrador de decreto también se deja ver en la doble exigencia que la Junta prevé para la persona que desee teletrabajar, tanto para la concesión como para el mantenimiento de la actividad.  En este sentido, la vicepresidenta del sindicato ha señalado que “más allá de evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados como recoge la norma estatal, se introducen criterios subjetivos de calidad en el resultado, que no deberían estar ligados a la regulación del Teletrabajo, sino al desarrollo y puesta en marcha de la Evaluación del Desempeño, que aún no se ha desarrollado y que ya se ha revestido de connotaciones negativas como consecuencia del enfoque erróneo y sancionador de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública”.

Además, según la vicepresidenta de CSIF, el planteamiento inicial de la Administración autonómica sobre el teletrabajo, excluye de forma “injustificada” a determinados departamentos. Este es el caso de los empleados que atienden directamente a la ciudadanía y cuyas funciones comprenden, además, otras que se pueden realizar a través del teletrabajo si se permiten rotaciones entre su personal, sin que la prestación del servicio público se vea afectada.

Al mismo tiempo, desde CSIF, reprochan a la Junta que después de más de tres años de espera para recibir este texto, no haya tenido en cuenta el documento propuesto por esta organización sindical, fruto de muchas horas de dedicación invertidas en el Grupo de Trabajo que se puso en marcha a raíz de la pandemia de la COVID-19.

Por último, Salgado ha recordado que “seguiremos trabajando en los ámbitos de negociación” para mejorar este documento y así poder ofrecer a las empleadas y empleados públicos de Andalucía la posibilidad de optar al teletrabajo en las condiciones que merecen nuestros servidores públicos y en favor de poder ofrecer unos servicios públicos de calidad a todos los andaluces y andaluzas.