CSIF, UGT, CCOO y UITA denuncian que la Junta de Andalucía coarta el derecho a la huelga de la plantilla de la Agencia de Medio Ambiente y Agua

• La designación de servicios mínimos es abusiva e impide ejercitar el legítimo derecho fundamental para realizar la huelga de los trabajadores y trabajadoras del ente público

Las secciones sindicales de CSIF, UGT, CCOO y UITA denuncian que tras la convocatoria de una jornada de Huelga prevista para el próximo jueves, día 28 de noviembre, en la que reclaman el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de la Junta de Andalucía para la recuperación del complemento de antigüedad y la estabilidad de la plantilla de trabajadores, han dictado una resolución donde se establecen unos servicios mínimos que consideran totalmente abusivos.

Informamos de la imposición de los servicios mínimos del 80% del personal adscrito a prevención y extinción de incendios forestales y otras emergencias ambientales, un 4% para el personal de Calidad del Aire, un 6,6% para el personal de Calidad del Agua, un 4% para servicios técnicos, un 18,12% para recuperación y conservación de fauna, un 14,70% para contratación y recursos materiales y un 22,22% para personal de recursos humanos.

Claramente, esta designación de servicios mínimos es abusiva e impide ejercitar el legítimo derecho fundamental para realizar la huelga de los trabajadores y trabajadoras del ente público.

Los sindicatos advierten que lo llevarán a los tribunales por considerarlos abusivos y que no es la primera vez que la Junta intenta coartar el derecho a la huelga de los trabajadores de AMAyA, ya que en 2022, fue condenada por imponer unos servicios mínimos abusivos y objetivamente excesivos.
Aun así, indican que “no los van a parar, a pesar de todas las piedras en el camino que quieran poner, no cesaremos en nuestras acciones hasta que se cumplan los compromisos que se adquirieron con la plantilla de la Agencia de Medio Ambiente y Agua”.

Tras más de un año y medio de trabajo, los compromisos de la Junta no pueden caer en saco roto, el Gobierno andaluz tiene que cumplir lo que ya desde la oposición pedían como justo y manifiestan que “el abono del complemento de antigüedad y la estabilidad del INFOCA tiene que ser un hecho en enero del 2025”.