Carta abierta al Ministro de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes

Sr. Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,

El motivo de la presente es trasladarle nuestra preocupación por las dificultades que se están planteando en la resolución del conflicto vigente en toda la Administración de Justicia tras los acuerdos que su Ministerio, el Gobierno de España, firmó con el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y con algunas asociaciones de Jueces y Fiscales y que ya se han materializado en subidas salariales muy notables para dicho cuerpo y carreras.

Si bien es cierto que, en esta nueva fase, se ha producido un cambio, a mejor sin duda, en la forma en la que el Gobierno ha afrontado este conflicto, no podemos estar satisfechos con la propuesta que se planteó en la Mesa de negociación celebrada el pasado 21 de febrero que consiste en garantizar una subida salarial, únicamente, para el personal del ámbito del Ministerio, y ello, por varias razones:

Primera.- En su intervención del pasado 21 de diciembre ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados manifestó lo siguiente:

“Tercera prioridad del ministerio, cuestiones de personal, siempre tan importantes para que todos los profesionales -judicatura, Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios en general- estén adecuadamente retribuidos y también estén, por supuesto, motivados.

Vamos a retomar las conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, así como del resto de demandas que han sido abordadas en mesas de trabajo. Ya lo hicimos -lo conocerán ustedes- al final de la legislatura anterior, lo hicimos con los letrados de Administración de Justicia, con jueces y fiscales, y ayer mismo el secretario de Estado se reunió con representantes sindicales para dialogar sobre el papel de los cuerpos de la Administración de Justicia en el nuevo modelo organizativo que queremos implantar, que deriva del plan de Justicia 2030.

Las reuniones, no solo por nuestra parte, sino que creo que también por parte de los sindicatos, fueron fructíferas y provechosas. Hay una disposición al acuerdo de todas las partes y vamos a empezar a trabajar en distintas materias, en la salarial, por supuesto, que es importante, pero también en otras materias para intentar conseguir que los cuerpos generales y especiales de la Administración tengan un acuerdo que sea razonable y adecuado a sus reivindicaciones y a la justicia que pretendemos con ellos.”

Ciertamente, estas manifestaciones se acogieron con esperanza por el personal de Justicia por cuanto suponían un giro en la gestión y solución del conflicto que, hasta ese momento, se había caracterizado por la falta de negociación, la marginación y la discriminación.

No obstante, he de decirle que la oferta presentada por su equipo en la mesa de negociación no es ni razonable ni adecuada a las reivindicaciones del personal de Justicia, fundamentalmente porque las reivindicaciones recogidas en un documento que se remitió al Ministerio el 14 de abril del año pasado, se referían al conjunto de funcionarios y funcionarias de Justicia de todos los ámbitos territoriales de competencia y no sólo para los del ámbito del Ministerio de Justicia.

Segunda.- La Disposición Adicional 9ª del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo establece lo siguiente:

“Disposición adicional novena. Personal de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia.

En atención a la imprescindible implicación de los profesionales de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia en el proceso de transformación comprometido en el Plan Estratégico «Justicia 2030» y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con el objetivo de lograr una mejora de la eficiencia organizativa, procesal y digital en aras de una administración más ágil, eficiente, adaptada a la ciudanía, sostenible y transparente, y puesto que este proceso de transformación tiene una especial incidencia en la adaptación de las funciones que realizan estos profesionales, por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se llevarán a cabo las actuaciones precisas para reconocer e identificar esta incidencia.”

Fruto de esta disposición, en el seno de la mesa de negociación, a iniciativa del Ministerio se creó un grupo de trabajo con participación sindical que, finalmente, tras seis reuniones, elevó a la mesa el pasado 21 de febrero, un documento en el que se ha identificado esa incidencia en la adaptación de las funciones que realizamos como consecuencia de los dos planes mencionados y de las leyes de eficiencia, con el fin de que fuera el armazón sobre el que sustentar la negociación de una subida salarial. Ni a Letrados ni a Jueces ni a Fiscales se les pidió semejante trabajo, pero, aun así, lo hicimos.

Y no sólo eso, el grupo de trabajo también presentó un documento sobre una regulación básica de teletrabajo en Justicia y, consensuado por los cuatro sindicatos convocantes de las movilizaciones, un calendario de materias a negociar con vistas a un posible acuerdo de legislatura conforme a lo que usted llamaba “otras materias” de negociación en su comparecencia en la Comisión de Justicia.

Es evidente que en la Disposición adicional novena no se hace distinción entre los diferentes ámbitos territoriales de destino del personal de los Cuerpos generales y especiales y que, en el documento del grupo de trabajo antes citado, tampoco existe tal distinción. En realidad, no se puede hacer distinción alguna puesto que se refieren a reformas normativas, procesales, organizativas y digitales, que afectan a la Justicia sea cual sea la administración que ostente las competencias de ejecución en materia de medios personales y materiales.

Dicho de otro modo, si la normativa que regula el nuevo modelo de Justicia, planteado en el Plan Justicia 2030 y financiado por el PRTR, tiene alcance nacional y el documento de trabajo refleja claramente una gran incidencia en la adaptación de las funciones del personal de la Administración de Justicia parece evidente que la subida salarial que se corresponde con ese impacto debe tener también un alcance nacional a todo el personal de los Cuerpos Generales y especiales con independencia de dónde estén destinados.

Tercera.- Volviendo a su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso del pasado 21 de diciembre, que se ha transcrito más arriba, queda meridianamente claro que las “conversaciones” y la negociación con los representantes del personal de los Cuerpos Generales y especiales sobre sus reivindicaciones salariales están íntimamente relacionadas con los acuerdos ya firmados y ejecutados de subida salarial para los Letrados, los Jueces y los Fiscales.

En este sentido, es relevante destacar que, en el apartado cuarto de una nota interna del Ministerio sobre un posible escenario de subida salarial para los Letrados de la Administración de Justicia, fechada el 12 de abril de 2022 y filtrada a la prensa por una asociación de Letrados durante el conflicto que afectó a este Cuerpo a principios del año 2023 y que no ha sido desmentida, el propio Ministerio reconoce:

“4. Otras consideraciones a tener en cuenta Se considera importante no perder de vista que las propuestas formuladas se han valorado solamente en términos estrictamente retributivos y considerando al cuerpo de Letrados de forma aislada. Toda la ordenación retributiva de la Administración de Justicia tiene estrechas interdependencias entre carreras, cuerpos, categorías, grupos de población, tipos de puesto de forma que cualquier cambio que se plantee, siquiera aislado o limitado a un determinado cuerpo, tiene impacto colateral y en cascada sobre las retribuciones del resto del personal de la Administración de Justicia.”

Es decir, el Ministerio de Justicia, el Gobierno de España, que conforme el texto publicado fue quien firmó los acuerdos en 2023 con otros cuerpos de Justicia, conocían perfectamente las consecuencias, “impacto colateral y en cascada sobre las retribuciones del resto del personal de la Administración de Justicia” según la nota mencionada, de la firma de un acuerdo como el que se produjo con el comité de huelga de Letrados de la Administración de Justicia el 28 de marzo de 2023, en el resto de Cuerpos y carreras y, tras el acuerdo firmado con algunas asociaciones de Jueces y Fiscales, con el personal de los Cuerpos Generales y Especiales.

Y lo conocían no sólo por la referida nota, ya que, en repetidas ocasiones, los sindicatos le pusimos de manifiesto a los representantes del Ministerio de Justicia ese “efecto cascada”. Asimismo, en sus manifestaciones en la Comisión de Justicia se reconoce la relación entre esos acuerdos y las “conversaciones para tratar las reivindicaciones salariales de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia” con el proyecto de Justicia 2030 como elemento común que aglutina aquéllos y éstas.

Por todo lo anterior, aunque no sólo por las razones expuestas, no podemos estar de acuerdo con la propuesta que se nos trasladó a los sindicatos en la mesa de negociación del pasado 21 de febrero en la que la subida salarial, sólo se garantiza para una parte del personal afectado por las leyes de eficiencia, dejando de lado al resto.

Nunca ha habido reivindicación más justa y nunca ha habido propuesta para solucionar el conflicto más injusta y poco coherente con la situación de conflicto planteada y sus reivindicaciones. Por las mismas razones por las que nos parece bien que se suba el salario al personal destinado en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, tal y como se nos ha expresado ya en la mesa de negociación, exigimos una solución global para todo el personal de Justicia de todos los ámbitos incluidos los que están destinados en las CCAA con competencias en materia de gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia.

Y se lo pedimos a usted, como titular del Ministerio y miembro del Gobierno de España, porque siguen muy presentes tanto la forma de gestionar los conflictos durante el año 2023 en el primer semestre del año como la forma de gestionar y los mensajes que se nos trasladaron de varias formas después de las elecciones, en el otoño pasado.

Unos meses de huelga en los que se marginó un conflicto previo del personal de Justicia frente a un amago de conflicto cuya solución se antepuso y se priorizó para satisfacer las demandas, legítimas, de Jueces y Fiscales.

Unos meses en los que los anuncios del Ministerio de una pronta negociación no se hacían realidad y desaparecieron con la excusa, pobre según nuestra opinión, de que un Gobierno no puede llegar a acuerdos que comprometan gasto tras la convocatoria de elecciones cuando, por poner un ejemplo de otros muchos, en el mismo BOE en el que se publicaba dicha convocatoria, se publicó el acuerdo de gasto de más de 400 millones de euros para publicidad institucional.

A pesar de todo lo anterior, Sr. Ministro, estamos a tiempo de arreglar la situación, de pasar página y de continuar por el camino de la mejora del servicio público de Justicia que, además de ser un objetivo compartido, es la base de las reivindicaciones del personal de Justicia. Pero todo ello pasa porque la solución garantice una subida salarial “razonable y adecuada” para todo el personal de Justicia de los Cuerpos Generales y Especiales, en la línea de los acuerdos firmados con el comité de huelga de Letrados y algunas asociaciones de Jueces y Fiscales el año pasado.

Esperando su intervención en este asunto para reconducir la situación y llegar a una solución satisfactoria para todos, reciba un saludo.

 

Ficheros Adjuntos:

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