Los jueces anulan parte del proceso de adjudicación de 200 cátedras de instituto

El TSJ ordena a la Junta que anule el sistema de puntuación en CyL  por «penalizar otros méritos» y «limitar la objetividad del acceso».

La última adjudicación de 200 plazas, ya designadas, sigue llena de interrogantes.

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anuló todo el proceso en plena entrega de destinos y plazas, al entender que «no se corresponde con las disposiciones legales vigentes».

La Consejería, en las bases incluyó una prueba que denomina proyecto, que consiste en un trabajo que se realiza durante el proceso selectivo y que luego hay que defender oralmente ante un tribunal. Inicialmente, a ese proyecto le otorgan una puntuación de 0,15 puntos, y, posteriormente en una corrección de errores se le asigna una calificación máxima de 1,5 puntos, que comparado con el resto de los 38 apartados del baremo, «resulta totalmente desproporcionada y subjetiva; penaliza enormemente los restantes méritos profesionales y académicos que poseen los aspirantes y limita la objetividad en el acceso a la función pública. Además, es la última prueba de todo el proceso selectivo, con una puntuación desmedida, que se valora cuando ya se conocen los méritos definitivos de todos los aspirantes y que resulta que es la decisoria de la cátedra». 

Ninguna de las otras comunidades autónomas que han convocado un procedimiento de acceso al cuerpo de catedráticos incluye una prueba similar.

«Los méritos deben ser aquellos de los que disponga el interesado cuando la norma lo convoque y lo determine y no obtenerlos en la propia convocatoria (…) pues ello desvirtuaría el medio de acceso». El fallo condena a Educación a pagar las costas, anular esa baremación y «reponer las actuaciones al momento de calificación de los méritos de los concursantes».