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El Gobierno retiene 30.000 millones de euros de la paga extra de los empleados públicos desde 2010.

-CSIF lleva al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para que recuperen las pagas extras íntegras
-Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 18 por ciento desde 2010
-Miguel Borra, presidente de CSIF, avisa de que: “vamos a un conflicto generalizado en las Administraciones Públicas” (Justicia, Sanidad, Educación, Prisiones, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicios de Empleo, Inspección de Trabajo, entre otras) “si Gobierno y CC.AA no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos”

 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que las/os trabajadores de las administraciones públicas recuperen la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

En concreto, la ILP (registrada esta misma mañana en el Congreso) pretende derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Se da la circunstancia de que aún queda vigente el recorte en la paga extra que desde entonces se ha visto mermada en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces…); 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros…) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos…). Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis hasta 5 meses.

En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectadas 2 millones de personas en todas las administraciones. Esta situación se suma a la pérdida global del 18 por ciento del poder adquisitivo como consecuencia de la no revalorización de los salarios con la inflación.

CSIF se ha dirigido al Gobierno en reiteradas ocasiones, en los diferentes foros de negociación, para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, pero no ha sido aceptada nuestra propuesta. Entendemos que los empleados públicos ya han contribuido de manera sobrada a la crisis financiera y en un momento de recaudación récord (tal y como reconoce el Gobierno a Bruselas la recaudación se incrementó en el último año un 14 por ciento) se podría afrontar este gasto. En todo caso, esperamos que la mesa del Congreso de los Diputados esté a la altura de las circunstancias y autorice el trámite de recogida de firmas (se requieren 500.000 firmas para que las Cortes puedan debatir esta propuesta), teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por el colectivo de empleados públicos durante estos años y la importancia de su trabajo en la reciente pandemia.

Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de clase que agrava el empobrecimiento

Recientemente, Gobierno y los sindicatos de clase firmaron un acuerdo que agrava el empobrecimiento generalizado de los empleados públicos. Se trata del primer acuerdo salarial de la historia en el que se pierde poder adquisitivo nada más aplicarse: en 2022 perdimos cinco puntos ya que el IPC cerró en un 8,5 y la subida fue del 3,5. Por este motivo, CSIF se ha dirigido al presidente del Gobierno para exigir la renegociación de las condiciones retributivas de las/os empleados públicos y la mejora de sus condiciones laborales.

Esta situación, se ha traducido en conflictos en prácticamente todos los ámbitos: Justicia, Sanidad, Seguridad Social, Servicios de Empleo, Inspectores de Trabajo, Patrimonio Nacional... El presidente del sindicato, Miguel Borra, advirtió de que “si Gobierno y las diferentes administraciones no atienden nuestras reivindicaciones laborales y afrontan el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos, nos veremos abocados a un conflicto generalizado y global en el ámbito de lo público”. “CSIF se hará eco de esta situación y los ciudadanos, sin duda, tomarán nota de cara a los próximos procesos electorales, tanto a nivel autonómico y local como en las próximas generales”, añadió.

CSIF tiene previsto realizar una campaña informativa y de concienciación de manera paralela a la recogida de firmas que implica la ILP. CSIF es partidario de que las diferentes administraciones aborden la situación de los servicios públicos al máximo nivel para que se doten de fondos adecuados y se haga un enfoque global de la situación de gravedad en diferentes ámbitos de nuestro Estado de Bienestar y de nuestro sistema de prestaciones y atención al ciudadano.

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