CSIF organiza una protesta para denunciar la falta de personal y de medios en la Inspección de Trabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado una concentración ante la sede de la Dirección General de Función Pública, -junto al resto de organizaciones con representación en este organismo- para denunciar la caótica situación que sufre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con grave escasez de plantilla y déficit de recursos técnicos y materiales.

 

CSIF denuncia que el Ministerio de Trabajo está incumpliendo el acuerdo de julio de 2021, en el que se acordó adoptar medidas para paliar los problemas diarios de la Inspección de Trabajo por la escasez de plantilla. En concreto, se comprometió a solucionar las graves carencias de personal, la falta de carrera profesional y de horizonte temporal que contribuye a que muchos inspectores de Trabajo abandonen el organismo, y a dotar a la Inspección de los instrumentos propios para responder a la complejidad del mundo laboral.

 

Sin embargo, las carencias de personal y de medios continúan año y medio después, y se traducen en el aumento de la carga de trabajo que soporta la Inspección, la falta de desarrollo de la carrera profesional, de reconocimiento de las funciones desarrolladas y de una relación de puestos de trabajo obsoleta e injusta.

 

En la actualidad hay unos 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.

 

El sindicato presidido por Miguel Borra logró en abril -como parte del acuerdo de 2021- que la Administración General del Estado (AGE) se comprometiera a un primer refuerzo parcial de la plantilla de la Inspección de Trabajo y a mejorar sus condiciones laborales. En concreto, se acordó la puesta en marcha este año de un Plan Extraordinario para retribuir el rendimiento y la actividad de personal, con una dotación presupuestaria de 6 millones de euros, que se concretaría en una productividad adicional en la nómina de los trabajadores/as.

 

Además, la AGE se comprometió a establecer en las ofertas anuales de empleo público unas tasas de reposición suficientes para garantizar el reforzamiento del servicio. De manera adicional, se procedería a la asignación inmediata de 200 plazas para ser cubiertas con personal interino hasta que se procediera a la provisión legal de los puestos de trabajo vacantes.

Sin embargo, la puesta en marcha de estas medidas de urgencia no ha evitado que la situación de la Inspección siga empeorando día a día, con una plantilla que continúa totalmente sobrepasada. El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene que dejar de lanzar mensajes triunfalistas y acometer soluciones estructurales o la Inspección de Trabajo colapsará en el importante papel que debe desempeñar.