Díaz Ayuso abandona, una vez más, a la Educación Pública para favorecer a la concertada

A la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, nunca le ha sorprendido la política educativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tratando con mimo a la educación concertada: esta vez ha realizado un anuncio de incremento del presupuesto para esa educación del 15%, cuando solamente atiende al 29% del alumnado madrileño. El 71% de estudiantes restantes se debe conformar con una irrisoria subida de apenas el 3%.

Podemos entender la alegría y la sorpresa de los directores de los centros educativos concertados que en ese momento estaban escuchando la noticia. Sin embargo, para la Educación Pública esto solo supone un paso más en la precarización de los recursos educativos de la Comunidad de Madrid.

CSIF Educación Madrid quiere dejar claro que es un sindicato que solo atiende y defiende los intereses de la educación pública en Madrid y en cualquier otra parte del territorio nacional. Por este motivo nos oponemos frontalmente a esta decisión.

Nuestra receta es justamente la contraria: incremento de inversión en la educación pública para que pueda competir en igualdad de condiciones con la "niña bonita" de la concertada.

Para ello volvemos a recordar nuestras líneas rojas educativas:

-Bajada inmediata de ratios en todos los niveles. Receta ya aplicada durante la pandemia y que se ha demostrado verdaderamente útil y justa al permitir la mejor atención a la diversidad.

-Reducción lectiva hasta las 18 horas en enseñanzas medias y hasta 23 en Educación Infantil y Primaria, como han conseguido comunidades autónomas de nuestro entorno.

-Incremento de la inversión en educación per cápita hasta igualar a las comunidades autónomas de lo alto de la tabla.

-Aumento retributivo real y equiparación con las comunidades autónomas. Para ello, exigimos la creación de un complemento de Capitalidad que reconozca la singularidad de nuestra realidad en una de las comunidades con mayor carestía de España.

El Gobierno regional, inmerso en la vorágine electoral que desembocará a finales de mayo de este mismo año 2023, no debería olvidar y subestimar a los más de 55.000 docentes funcionarios públicos que atienden, día a día, con su esfuerzo y dedicación, y con escasez de recursos, a más del 70% del alumnado de nuestra comunidad autónoma, siendo la pública, la única educación que garantiza la igualdad de oportunidades y la atención personalizada a la diversidad.