CSIF denuncia que la unificación de la Inspección de Salud Pública en Madrid capital aleja el control y puede generar riesgos para la salud de los madrileños

La Comunidad de Madrid ha iniciado la concentración de las Unidades Técnicas de Salud Pública en un edificio de Madrid capital. El alejamiento del área geográfica sobre el que ejercen su actividad conlleva un incremento del tiempo dedicado a los desplazamientos que va a afectar negativamente a la calidad de las inspecciones que realizan los técnicos destinados en ellas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, lleva tiempo avisando de las consecuencias que puede traer este cambio organizativo. Tras el anuncio de esta modificación de las Unidades Técnicas de Salud Pública hecho por la directora general en junio de 2022, CSIF puso de manifiesto las numerosas dudas que generaba entre los trabajadores dicho cambio. Y es ahora cuando se confirma esta remodelación sin que se hayan tenido en cuenta nuestras aportaciones.

Este modelo ya se aplicó en la unificación de las Áreas Sanitarias y tuvieron que medio revertir el proceso, creando siete direcciones asistenciales para mantener la cercanía y la  gestión sanitaria con el ciudadano.

La Consejería de Sanidad vuelve a calcular mal: obvia la relevancia de la acción inspectora de nuestros Técnicos Superiores de Salud Pública y su control sobre la sanidad ambiental, la seguridad alimentaria y las zoonosis pilares básicos a tener en cuenta para evitar males mayores sobre los ciudadanos madrileños.

La Dirección General de Salud Pública alega su potestad organizativa sin más argumentos y obvia las quejas que ya le trasladó CSIF el pasado 7 de marzo.

CSIF le ha dicho a la Consejería que no se puede poner en peligro la calidad del trabajo de los Técnicos de Salud Pública, una garantía para la salud de los madrileños. Al reducir el tiempo del que disponen para realizar su trabajo, se dejarían de controlar parámetros secundarios que podrían acabar generando una alerta sanitaria.

En caso de producirse esta situación, la Administración de la Comunidad de Madrid tendría que asumir su responsabilidad sin cargar contra unos técnicos que se han limitado a hacer lo mejor posible su trabajo con las herramientas que tienen a su alcance.

Por este motivo, los Servicios Jurídicos de CSIF están valorando si la implantación del nuevo modelo organizativo cumple con lo dispuesto en la legislación vigente. En caso de no ser así, el sindicato emprenderá las acciones legales que considere oportunas.