CSIF reclama un acuerdo de legislatura para recuperar hasta el 17,9 por ciento que han perdido los sueldos desde 2010

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado reclamó hoy al Gobierno un nuevo acuerdo salarial que de continuidad a la recuperación del poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años.

 

CSIF espera sentarse pronto a negociar un acuerdo de legislatura con el nuevo Gobierno que permita, por un lado, recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 y recuperar definitivamente la pérdida de poder adquisitivo que arrastran dende entonces todos/as los Empleados Públicos (12,9-17,9 por ciento).

 

En todo caso, hay que empezar a tener en cuenta estas premisas de cara a los presupuestos generales del Estado para este año.

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Mientras tanto, CSIF ha confirmado que los diferentes departamentos ministeriales han recibido las instrucciones y las modificaciones de los programas informáticos en los que se confeccionan las nóminas para hacer efectiva esta subida en febrero. No obstante, haremos seguimiento para confirmar que se producen los pagos en el conjunto de las administraciones sin más demoras.

 

En este sentido, CSIF espera que las políticas en materia de Administraciones Públicas regresen al centro de las políticas de Estado con un plan de choque sobre plantillas (en los próximos 10 años se van a jubilar 905.000 personas) y un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público y retribuciones, dado que el vigente expira este año.

 

Desde CSIF, tendemos la mano para alcanzar acuerdos sólidos en ámbitos como la carrera profesional, evaluación del desempeño, homologación de retribuciones entre administraciones, estabilidad y mejora en la calidad del empleo, entre otras, muchas de ellas contenidas en el acuerdo de coalición alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos.

 

Debemos dignificar y situar en el centro de las reformas al colectivo de empleados y empleadas públicas que, con profesionalidad y entrega, han mantenido el funcionamiento del Estado, contribuyendo a la recuperación económica y a los compromisos de estabilidad.