CSIF impugnará el pliego del transporte sanitario terrestre si la Junta no lo retira

"Si no se retiran los pliegos, vamos a impugnarlos", ha advertido el secretario autonómico de Acción Sindical de CSIF Extremadura, Francisco Fernández , en una rueda de prensa en Mérida acompañado por María José González y Máximo Blanco , responsables del área de Empresa Privada de Cáceres y Badajoz. 

Máximo Blanco ha explicado que el incremento del coste salarial global estimado por la Junta atiende a tres conceptos salariales: salario base, antigüedad y plus del convenio, pero no se recoge para los diversos pluses existentes en numerosos empleos, como la nocturnidad. 

Tras explicar que el 40 % de algunos salarios se sustentan sobre otros pluses, Fernández y Blanco han remarcado sus críticas a que el incremento del 17,86 % no es real. "No es seguro que el trabajador vaya a cobrar dicho incremento", han remarcado. 

Además, este incremento constituye "un punto favorable" para la empresa que quiera recogerlo en su oferta de cara a ser elegida como adjudicataria, pero no es obligatorio. 

"Hay errores garrafales de cálculo", ha expuesto Fernández, quien ha criticado a la Junta por tratar de "imponer" sus criterios en vez de "mediar" entre empresas y sindicatos a la hora de abordar el convenio colectivo. "La línea roja de la Junta de Extremadura es que no quiere incrementos salariales para los siguientes años. Y así nos lo he quedado claro", ha aseverado Máximo Blanco. 

"No queremos repetir errores del pasado", ha apuntado, por su parte, María José González, en alusión a la ausencia de cláusulas de revisión salarial en el anterior convenio, que ha motivado la congelación de los sueldos de los trabajadores desde 2017, provocando así la pérdida de poder adquisitivo del colectivo durante todos estos años. 

Asimismo, los representantes del sector de Privada de CSIF Extremadura han advertido de que el pliego de condiciones obliga a tener un mínimo de cuatro trabajadores en el Centro de Coordinación de la empres que resulte adjudicataria, la cual, en el caso de querer ajustarse a esa cifra, podría conllevar el despido de más de una veintena de trabajadores, pues actualmente la cifra es de una treintena. 

Por otra parte, CSIF ha cifrado en casi 13 millones de euros el dinero conjunto de las cantidades salariales demandadas por trabajadores y exempleados a través de reclamaciones laborales a las empresas adjudicatarias del servicio entre 2018 y 2022. 

En concreto, 849.000 euros en la provincia de Badajoz y 11,6 millones en la provincia pacense. 

El actual contrato del servicio de transporte sanitario ha sido prorrogado 'sine die' hasta que se resuelva el nuevo proceso de adjudicación.