MUFACE no se toca
14 de December de 2024
-Galicia se suma a los 50.OOO funcionarios de toda España, convocados por CSIF, que se han concentrado en Madrid en defensa del modelo de Muface
-El presidente autonómico, José Francisco Méndez Castro, junto a los presidentes provinciales y demás miembros de la ejecutiva encabezaron la delegación gallega y acompañaron a los cientos de afectados de nuestra Comunidad que se han desplazado hasta Madrid para participar en esta concentración
-Galicia cuenta con casi 60.000 mutualistas afectados por la no renovación del concierto con Muface
-Miguel Borra, presidente Nacional de CSIF: “si no nos dan otra opción, convocaremos huelga en nuestras administraciones”.
Cientos de empleados públicos de las cuatro provincias gallegas se han sumado a los 50.000 funcionarios procedentes de toda España que se han manifestado este sábado, 14 de diciembre, en Madrid frente la Dirección General de Muface en defensa del mantenimiento del modelo sanitario del mutualismo administrativo, actualmente en serio peligro por la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras y la cercanía del fin de la vigencia del actual concierto.
La concentración ha sido convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas- y ha sido respaldada por el sindicato policial JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL.
El presidente de CSIF Galicia, José Francisco Méndez Castro, junto a los presidentes de las cuatro provincias y demás miembros de la ejecutiva encabezaron la delegación gallega en Madrid y acompañaron a los cientos de afectados que se han desplazado hasta la capital de España para defender un sistema que presta atención sanitaria en Galicia a casi 60.000 personas, la mayoría de ellas del colectivo docente, quienes representan más del 55% del total de mutualistas en nuestra Comunidad, junto a los funcionarios de instituciones penitenciarias y administración general del Estado.
Esta concentración forma parte del calendario de movilizaciones en defensa del mutualismo administrativo, que comenzaron el pasado 11 de noviembre con una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de toda España para exigir también al Gobierno el desbloqueo de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos.
Las protestas se prolongarán en el tiempo en el caso de que el Gobierno siga sin reaccionar y sin garantizar la continuidad del modelo de Muface con una asistencia sanitaria de calidad. El ministro de Función Pública sigue sin responder a nuestra petición de una reunión urgente para dar explicaciones, por lo que CSIF incrementará la presión al Gobierno hasta que reaccione con la convocatoria de paros parciales y totales en la Administración.
CSIF lleva las quejas de los mutualistas a Bruselas
De manera paralela, también hemos llevado a Bruselas las quejas de centenares de mutualistas que hemos recibido en las últimas semanas por correo electrónico -y que ya denunciamos esta semana ante el Defensor del Pueblo- en las que se denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario. El objetivo es que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión sepan de la situación en la que se encuentran 1,5 millones de personas para que emprenda las acciones que considere necesarias.
También hemos registrado en el Congreso de los Diputados estas mismas quejas para que los grupos parlamentarios conozcan los casos reales y las situaciones que están viviendo cerca de 1,5 millones de personas entre mutualistas y beneficiarios -con su asistencia sanitaria amenazada- para que presenten iniciativas en defensa del mantenimiento del modelo de Muface.
En Galicia, buena parte de estas quejas provienen del profesorado que, según una encuesta realizada por CSIF Ensino, han denunciado en un 79,4% de los casos sufrir cancelaciones o falta de citas médicas por parte de MUFACE y un 44,9% reconoce haber sufrido retrasos en autorizaciones para la realización de pruebas o, incluso, la negación de las mismas, un 22,15%