CSIF Andalucía lamenta que la prevención y evaluación de los riesgos laborales sea una asignatura pendiente en el ámbito profesional

• El sindicato hace balance del año 2022 en el ámbito de la seguridad y la salud laboral y alerta de que la falta actuaciones preventivas contribuye negativamente en el registro de accidentes laborales
• Insiste en la necesidad de actualizar con urgencia el documento de enfermedades profesionales que lleva 16 años sin ser modificado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, lamenta que la prevención y evaluación de los riesgos laborales sea una asignatura pendiente en el ámbito profesional tanto público como privado, lo que contribuye negativamente en el registro de accidentes laborales en la comunidad autónoma.

La secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF-A, Pilar González, explica que esta falta de atención de las administraciones en materia de riesgos laborales “es muy preocupante y, desgraciadamente, viene a incrementar el número de accidentes mortales”, que a día de hoy suman 117, la mayoría de ellos en los sectores de construcción, industria y agricultura. Por este motivo, “la prevención resulta determinante” para evitar al máximo situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad de trabajadores y trabajadoras, sostiene González, quien añade que “es necesario trabajar desde la prevención primaria y no desde la terciaria, que consiste en actuar cuando el daño ya está hecho”.

La central sindical exige una integración real de la Prevención de Riesgos Laborales en empresas y administraciones y un incremento de los recursos humanos en los diferentes Servicios de Prevención y en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “para hacer más ágiles y efectivas” las visitas de oficio y los trámites que sean necesarios.

La dirigente sindical destaca que el trabajo es un derecho y un deber social, “pero nunca debería convertirse en un foco de enfermedad” por lo que CSIF-A reitera la importancia de concienciar a las administraciones públicas del deber de aplicar medidas preventivas y de control en la lista de problemas de salud relacionados con el empleo, que reducen tanto la calidad de vida de la ciudadanía como la capacidad de ejercer su trabajo. En este sentido, González insiste en la necesidad de actualizar con urgencia el catálogo de enfermedades profesionales, ya que data de un Real Decreto de 2006 y “lamentablemente lleva sin modificarse desde hace 16 años”.

Durante 2022 y hasta el mes de noviembre, en Andalucía se registraron 1.130 bajas con consideración de enfermedad profesional, una cifra que según CSIF-A sería aún mayor mayor si las patologías relacionadas con la actividad laboral no fueran asumidas como contingencias comunes. Este es el caso del ‘síndrome de Burnout’ o del ‘trabajador quemado’ motivo por el que, desde la central sindical, se insiste en incluir la prevención y la actuación sobre la salud mental en el ámbito laboral. En este sentido, CSIF ha desarrollado durante este año una serie de campañas para denunciar la importancia de la salud mental y del tratamiento de determinados riesgos psicosociales en el entorno profesional.

Consumo de ansiolíticos a diario

Los resultados de una encuesta realizada este año por CSIF a más de 2.000 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones arrojan que el 45% de los empleados y empleadas públicos consumen a diario medicación del tipo ansiolíticos, antidepresivos o somníferos, una situación que pone al descubierto las importantes carencias en inversión y protección de la salud mental en los centros de trabajo.

Además, CSIF ha reclamado un Plan Nacional de Prevención del Suicidio en cada una de las administraciones públicas puesto que es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Con este plan, el sindicato persigue dar respuesta inmediata a este riesgo asociado a colectivos especialmente vulnerables entre los que destacan el personal sanitario y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo Policía Local y Autonómica, cuyos trabajadores y trabajadoras carecen de protocolo en estas situaciones. Para estos colectivos, el sindicato solicita una mayor inversión que se traduzca tanto en medidas de información y sensibilización, como en  programas de prevención, detección precoz e intervención ante las conductas suicidas con refuerzo y apoyo psicológico en el entorno laboral.

     En cuanto al teletrabajo, CSIF defiende el mantenimiento y la promoción de esta modalidad de actividad laboral por los beneficios que supone, entre otras cuestiones, para la conciliación de la vida laboral y familiar, el ahorro económico y energético, evitar el riesgo y el gasto en desplazamientos y el aumento de la productividad, aunque advierte que la  implantación del mismo debe regularse de modo que garantice el derecho a la desconexión digital y a la prevención de riesgos en el domicilio.

El sindicato recuerda que las secuelas de la pandemia por COVID-19 son aún evidentes ya que el virus sigue presente, produciendo contagios en todos los ámbitos incluido el laboral. Es innegable que las patologías y dolencias derivadas de ello son múltiples, por lo que CSIF considera necesaria una mayor vigilancia de la salud y una regulación en el reconocimiento del  Covid Persistente, que limita a cientos de trabajadores para su actividad profesional y personal.