CSIF exige al Ministerio que aplique de forma efectiva todas las medidas de protección de la salud antes de cambiar de fase

Esta medida supondrá el incremento de las dotaciones presenciales entre el 60 y el 70% de la plantilla en todos los órganos judiciales en turnos rotatorios diarios con independencia de la fase de desescalada general en la que se encuentre la provincia donde radique el órgano judicial.  El personal en teletrabajo sólo computará en la fijación de la dotación presencial si el porcentaje de efectivos que trabajan a distancia supera el 40 o el 30% de la plantilla de un órgano judicial.  En esta fase se activará la posibilidad de establecer turno de tarde, pero siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de dos metros en la jornada ordinaria. En cuanto al teletrabajo se va a establecer un horario fijo de 9 a 14.30 y dos horas de flexibilidad a elección del funcionario/a.

En relación con las medidas de seguridad laboral el Ministerio anuncia la compra de un millón de mascarillas sólo para su ámbito que llegarán en el mes de julio y con las que piensa cubrir las necesidades de este elemento hasta el mes de septiembre u octubre en el ámbito de su competencia. Las CCAA ya no van a recibir más equipos de protección del Ministerio. Asimismo, anuncia que ha encargado a una empresa la medición de los espacios para determinar los aforos en las sedes judiciales y para la aplicación de otras medidas de seguridad. Asimismo, anuncia que va a reforzar los servicios de prevención con personal sanitario.

CSIF lamenta que el Ministerio siga supeditando la desescalada en Justicia a criterios ajenos a la seguridad laboral. El Ministerio sigue con su plan de desescalada al margen de los criterios de la autoridad sanitaria y, ahora, admite que se va a entrar en la fase II sin completar las medidas de seguridad que el propio Ministro firmó en la Orden JUS 394/2020. Los funcionarios/as de Justicia merecen y tienen derecho a medidas efectivas y no que, 65 días después, se siga hablando de promesas y anuncios de unos medios que no llegan. CSIF no dudará en denunciar las infracciones que se detecten en materia de seguridad y salud.

En relación con las medidas de seguridad, para CSIF no se puede “desescalar” sin aplicar las medidas que el propio Ministerio ha establecido. Dentro de poco se van a empezar a señalar juicios sin que se hayan establecido aforos máximos; se va a incrementar la actividad judicial sin que se hayan realizado evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial, uso de las salas de vista, establecimiento de recorridos internos y uso de ascensores, manejo de expedientes, piezas de convicción y paquetes, normas de aforo y control de acceso  las sedes judiciales que son competencia de la Administración al estar relacionadas con la salud del personal de Justicia.  CSIF ha vuelto a denunciar, una vez más, la injerencia del CGPJ y de los Comités de seguimiento en los TSJ en la toma de decisiones sobre salud laboral que no son de su competencia. Unos comités en los que se ha excluido a la representación del 85% del personal de Justicia.

Una vez más, CSIF ha vuelto a reiterar la necesidad de hacer test a todo el personal que se reincorpore. Muy especialmente, a quienes vuelvan a trabajar después de haber pasado la COVID 19 o haber estado aislados con síntomas o por contacto estrecho. CSIF ha reclamado a la MUGEJU que actúe ya que ni siquiera los mutualistas de MUGEJU que, conforme al protocolo  debían someterse a las pruebas, han sido objeto de ellas por la negativa de las entidades médicas concertadas con la mutualidad a practicar dichas pruebas sin que el mutualista las pague de su bolsillo.  

CSIF ha exigido que haya mayor flexibilidad en la jornada de teletrabajo teniendo en cuenta las necesidades de conciliación y que se compute a todos los teletrabajadores en los porcentajes de reincoporación.  En relación con los permisos de deber inexcusable, el Ministerio supedita su permanencia a lo que diga la Secretaría de Estado de Función Pública. En todo caso, se va a reforzar el control de estos permisos con la petición de más documentación acreditativa y sólo se van a conceder para hijos menores de 14 años..  Lo mismo sucede con quienes están dentro de la población de riesgo. Se va a continuar con la petición de informes médicos que, luego, valorará el servicio de prevención como paso previo a la incorporación o no al trabajo. CSIF ha pedido que el Ministerio publique la documentación que se va a solicitar y que se aclare quién debe solicitarla ante los problemas detectados en estos últimos días.