CSIF firma un acuerdo con Función Pública que restringe y sanciona la contratación temporal en las Administraciones Públicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para poner coto de una vez por todas al abuso de la contratación temporal en este ámbito, que se sitúa ya en el 30 por ciento, casi diez puntos por encima del sector privado.

 

El acuerdo responde a la llamada de atención a la administración española realizada desde la UE, a través de diferentes pronunciamientos del TJUE y otras instituciones comunitarias, además de adaptarse a la reciente doctrina del Tribunal Supremo.

 

En este sentido, se contempla una reforma de la normativa básica en materia de empleo público. Por regla general, los contratos temporales tendrán una duración máxima de 3 años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público (el interino además tendrá asimismo garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo).

 

Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores, como siempre ha defendido CSIF.

 

De manera paralela, el acuerdo contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable”.

 

Tal y como reclamó CSIF desde el principio, el acuerdo ofrece seguridad jurídica, respetando los principios constitucionales de acceso al empleo público, si bien se autoriza una tasa adicional para la estabilización del personal temporal y, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, se valorará la experiencia adquirida en el puesto, hasta un 40 por ciento en el cómputo global.

 

En todo caso, las personas actualmente en situación de temporalidad y que no superen este proceso selectivo serán incluidas en bolsas de trabajo y recibirán una compensación económica, igualmente de 20 días, por los años en situación de abuso de su contrato temporal.

 

Estos procesos selectivos irán unidos a procedimientos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera, para preservar también las aspiraciones legítimas de este colectivo.

 

El acuerdo ofrece seguridad jurídica para acabar con el abuso en la temporalidad

 

El acuerdo garantiza igualmente el principio de no discriminación ya que al personal temporal se le aplicará el régimen general de los funcionarios de carrera. De la misma manera, se garantiza la prestación de servicio público ya que las plazas siempre contarán con provisión de personal en las diferentes circunstancias que puedan darse (finalización del contrato temporal o jubilación), para que no se vea mermada la atención a la ciudadanía.

 

CSIF valora este acuerdo porque ofrece seguridad jurídica, define con claridad las situaciones en abuso y fraude de Ley e incorpora medidas disuasorias y sancionadoras para acabar de una vez por todas con el abuso en la temporalidad.

 

Asimismo, vamos a poner en marcha unas ofertas de empleo público vitales y un proceso que favorezca la estabilización del personal temporal valorando, como nunca antes se había hecho, su experiencia y, si lamentablemente no supera el proceso, recibirá una justa indemnización y se incorporará a bolsas de trabajo.

 

En todo caso, CSIF ha condicionado su participación en el acuerdo a la constitución de una comisión de seguimiento, donde estaremos especialmente vigilantes con el correcto desarrollo de todos estos procesos.