El ministro de Seguridad Social debe trasladar un compromiso público con el régimen de clases pasivas, ante la alarma generada

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas exige al ministro de Seguridad Social un compromiso público sobre el futuro de las prestaciones y pensiones del régimen de clases pasivas.

La modificación legislativa introducida mediante Real Decreto-ley, aprovechando el estado de alarma, de la estructura orgánica del régimen del que depende las pensiones de un gran número de funcionarios ha generado alarma y desconfianza en el colectivo y CSIF ha exigido un compromiso al Ministro de Seguridad Social, en el que se garantice que el acceso a las pensiones y prestaciones del régimen de clases pasivas se mantendrán en los mismos términos que los actuales, ya que esta medida se ha realizado sin negociación previa con las organizaciones sindicales y sin debate parlamentario.

De hecho, CSIF como primer sindicato de los funcionarios de este país ha alzado la voz ante las dudas que genera entre los funcionarios esta medida y sobre la posible extinción del régimen de las clases pasivas o la modificación de las prestaciones como consecuencia de una integración en el régimen general de la Seguridad Social, máxime teniendo en cuenta que el actual Ministro de Seguridad Social en su anterior etapa como presidente de la AIReF, en un informe de enero de 2019, aconsejaba incrementar la edad de jubilación voluntaria y el número de años de cotización.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar esta modificación por el procedimiento de urgencia y sin negociación, solicitando su conversión en un Proyecto de Ley, con el fin de que se puedan exigir explicaciones al Gobierno mediante enmiendas que ofrezcan garantías o que pudieran eliminar esta modificación.

De no prosperar en vía parlamentaria la transformación en Proyecto de Ley, CSIF instará la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones que introduce el Real Decreto-ley 15/2020 sobre el trasvase de Clases Pasivas a Seguridad Social, por no reunir los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias.