CISF INFORMA - NO SOMOS SANITARIOS - ¡ No a la Guía de Atención al Alumnado con Diabetes Mellitus Tipo 1 Consejería de Educación !

En las últimas semanas, el ámbito educativo en Asturias ha estado marcado por la controversia generada tras la publicación, el pasado 13 de noviembre, de la Guía de Atención al Alumnado con Diabetes Mellitus Tipo 1 por parte de la Consejería de Educación.

 

Desde CSIF consideramos que este documento vulnera gravemente los derechos del alumnado y de los docentes, asignando a nuestro colectivo tareas puramente sanitarias que no le corresponden, por lo que deseamos trasladarles una advertencia importante respecto a la aplicación de esta guía con la intención de evitar graves problemas para la comunidad educativa.

 

Aunque desde algunos estamentos se haya pretendido, o se pretenda, hacer pasar este guía como una orden o un protocolo que se debe acatar en los centros sin discusión, la realidad es que dicha apreciación es falsa.

 

La guía en sí misma no impone, dicta que:

 “la Comisión de Salud Escolar los padres o tutores legales informarán de la situación y se elaborará un protocolo con los compromisos y actuaciones que deberán llevarse a cabo durante la jornada escolar. Este protocolo se incluirá en el acta de la Comisión de Salud Escolar y deberá ser ratificada por el Consejo Escolar, se incluirá y se difundirá entre todo el personal para su conocimiento.” 

 

Por tanto, si no se aprueba en la Comisión de Salud y en el Consejo Escolar no tiene ninguna repercusión. Es simplemente un documento informativo, que no obliga a nada.  Ni al centro, ni al Equipo Directivo, ni al docente se le puede exigir nada.

 

En caso de que en el centro por cualquier circunstancia se diesen todos los pasos, y la guía se llegase a aprobar tanto en la Comisión de Salud como por el Consejo Escolar a pesar de la oposición de los docentes, los docentes tienen que saber que las supuestas autorizaciones que se les solicitan a las familias no eximen, en ningún caso, de responsabilidad legal.  

 

Recomendamos que todos aquellos que tengan cualquier duda sobre esta cuestión contacten con nosotros, o con un asesor jurídico que les pueda informar adecuadamente al respecto.

 

Hay distintas razones que avalan la ilegalidad de la medida:

1. Imposición de competencias sanitarias. El profesorado no está formado ni habilitado para realizar funciones sanitarias. Obligar a los docentes a asumir estas responsabilidades contraviene el marco jurídico vigente que define de manera clara y estricta las competencias del profesorado el artículo 91 de la LOMLOE.
2. Implicaciones jurídicas y penales. La asignación de tareas sanitarias al personal docente no solo excede sus funciones, sino que podría derivar en:

• Responsabilidad civil y penal en caso de errores o incidentes relacionados con la administración de tratamientos médicos.
• Vulneración de derechos laborales, al exigir funciones no contempladas en el contrato de trabajo ni en la normativa educativa vigente.

3. Responsabilidad de los equipos directivos: Cualquier intento de aplicar o imponer protocolos basados en esta guía podría situar también a los equipos directivos en una posición de responsabilidad jurídica, ya que dichas funciones no están recogidas ni en el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, para infantil y primaria ni en el Real Decreto 83/1996, para secundaria.

Por tanto, desde CSIF queremos recomendar a los equipos directivos:

• Evitar implementar o fomentar cualquier protocolo o instrucción que asigne al profesorado funciones sanitarias.
• Solicitar siempre asesoramiento jurídico antes de adoptar decisiones relacionadas con la guía mencionada. Desde CSIF mostramos nuestra disponibilidad para asesorar a cualquier Equipo Directivo que lo requiera.
• Cualquier instrucción relacionada con dicha guía o cualquier instrucción relacionada con atención sanitaria en los centros educativos sea solicitada a quien corresponda por escrito y con la exigencia de un respaldo normativo claro.

 

En CSIF, reafirmamos nuestro compromiso y apoyo incondicional a l@s docentes ante cualquier intento de vulnerar sus derechos.

Nuestro equipo jurídico está preparado para asistir a cualquier docente que decida denunciar la imposición de medidas similares. Instamos a los equipos directivos a actuar dentro de la legalidad y a evitar situaciones que puedan poner en riesgo al personal de los centros educativos.